No obstante haber ganado Martín Esparza Flores las elecciones internas para Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), iniciadas desde el 16 de junio de 2009 y realizándolas de acuerdo a sus estatutos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a cargo de Javier Lozano Alarcón anunció el 5 de octubre que por “inconsistencias” en esta elección no se otorgaba la nota de nota, sin tener atribuciones para ello, violando con esto la autonomía sindical. El SME manifestó su inconformidad frente a este hecho y continuó la lucha para que fuera respetada su elección interna. La respuesta del gobierno federal fue tomar por asalto las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el sábado 10 de octubre y anunciar la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro mediante un decreto emitido el domingo 11 de octubre del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación el cual viola varios preceptos de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, entre otros ordenamientos jurídicos. La extinción de la empresa paraestatal, es acompañada de una campaña en los medios de comunicación electrónicos y prensa escrita, que intenta justificar la determinación de Felipe Calderón Hinojosa, arguyendo la insolvencia de la empresa y los “excesivos privilegios” de los trabajadores afiliados al SME. Expertos en materia jurídica señalan que los trabajadores del SME podrán interponer una controversia constitucional y de amparos por violación a sus garantías individuales. Con esta artera e ilegal acción, Felipe Calderón no sólo pretende desmantelar la organización sindical de los trabajadores y dejar sin empleo a más de 42 000 obreros con sus familias, sino que tiene otra pretensión: desaparecer obstáculos para continuar con la  privatización del sector eléctrico. El Secretario General del SME, Martín  Esparza ha declarado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde 2000, otorgó a la empresa WI Comunicaciones, S.A. de C.V. la concesión de la red de mil cien kilómetros de fibra óptica propiedad de Luz y Fuerza del Centro, mediante el acuerdo P/161299/0673 para instalar, operar y explotar el sistema de comunicaciones llamado triple play. Esta compañía es de origen español y sus socios mayoritarios son los exsecretarios de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens. Por su parte LyFC presentó un estudio elaborado por el Despacho de la Huerta y Weihouse en que se demuestra que LyFC cuenta con capacidad para operar la red. Los costos  de esos servicios (cable, teléfono e Internet), se abaratarían y LyFC y el SME se convertirían en una competencia real para Telmex y Cablevisión.  Esta iniciativa del SME, ha provocado la molestia de Canales Clariond, de Martens, del exprocurador panista Antonio Lozano Gracia, del exsecretario de enlace de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre y de Salvador Canales, quienes exigen que se cumpla con el convenio validado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2000 y para ello contrataron al bufete jurídico del Despacho de Diego Fernández de Cevallos. De esta manera, estos empresarios pretenden asegurar una serie de jugosos negocios. Por supuesto que la estructura sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es el principal obstáculo y por lo tanto hay que golpearlo y desmantelarlo. No están dispuestos a dejar este negocio de tan grandes dimensiones. Para ello cuentan con el aval de Felipe Calderón, quien con su llamada “reforma estructural” en materia laboral, sólo deja clara su pretensión de incrementar las ganancias de grandes empresarios nacionales y extranjeros a costa del deterioro económico de la base trabajadora del país.

Este decreto es ilegal al haberse efectuado sin consulta de los afectados y sin la existencia de un peritaje que sustente tal decisión. El uso de la fuerza pública para imponer el decreto de liquidación de LyFC al  tomar los centros de trabajo y expulsar violentamente a los trabajadores de sus centros laborales, no deja la menor duda de la política de Felipe Calderón y sus secuaces, donde impera la fuerza represora, policiaco-militar. Una verdadera agresión contra la empresa, los trabajadores, la autonomía sindical y todo el pueblo trabajador. Como mexicanos no lo podemos admitir.

El Movimiento de Transformación Social expresa su más amplio repudio al inconstitucional e ilegal decreto emitido por el espurio gobierno de Felipe Calderón, en contra de nuestros hermanos electricistas. Como pueblo mexicano tenemos el compromiso de fortalecer y solidarizarnos con  los trabajadores del SME, defender los contratos colectivos y la industria eléctrica que es propiedad de la Nación. Unirnos en una sola voz frente al nefasto gobierno de derecha que atenta contra el pueblo, que es el único mandante (como lo establece el artículo 39 constitucional) y que no quiere como presidente al espurio Felipe Calderón Hinojosa.

 “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de cambiar o modificar la forma de su gobierno”. (Artículo 39, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.)

¡Hoy todos somos el SME!

¡Ni una lucha aislada más!

¡Justicia, equidad, fraternidad, libertad!

¡Firma este pronunciamiento!

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